Noviembre registró un superávit récord de USD 2.498 millones, por adelanto de exportaciones por la eliminación de retenciones.

Argentina cerró noviembre con un ingreso récord de dólares por exportaciones. El Gobierno celebró con entusiasmo un superávit comercial que presentó como una señal inequívoca de éxito.  Pero cuando se corre el velo y se mira la letra chica, la historia es bastante menos virtuosa. 

En noviembre, la balanza comercial registró un superávit de USD 2.498 millones, el más alto desde mayo de 2024. El dato fue rápidamente capitalizado por el oficialismo, que lo mostró como prueba de que la apertura, la desregulación y el nuevo esquema tributario empiezan a rendir frutos. 

Pero lo cierto es que detrás de ese resultado no hay un boom exportador argentino, sino una combinación de incentivos fiscales transitorios y decisiones anticipadas. La eliminación de retenciones a distintas exportaciones, incluida la soja y otros productos primarios, durante dos días de septiembre en un oscuro pacto con las grandes cerealeras, fue determinante para empujar declaraciones de exportación y liquidaciones concentradas en noviembre. Los exportadores aceleraron ventas y embarques ante la ventana de beneficios fiscales. 

En apenas tres días ya presentaron operaciones por el 100% del total permitido. El mercado le exige al gobierno que aproveche para comprar reservas. La polémica por las definiciones de Scott Bessent.

Los exportadores de granos nucleados en la poderosa CIARA taparon literalmente de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central, aprovechando al máximo la ventana de retenciones cero que les abrió el gobierno. 

Las declaraciones juradas de los exportadores para los próximos tres días hábiles alcanzaron el tope de USD 7.000 millones que fijó el Gobierno para liquidar con retenciones cero, con un plazo que se extendía hasta fines de octubre y ahora se vuelve irrelevante. De hecho, ARCA (ex AFIP) anunció este miércoles que la medida queda agotada por haber cumplido su objetivo másimo.

Esto significa que todo grano que se exporte a partir de ahora, carga con el gravamen previo a la excepción, que en el caso de la soja es un gravamen del 26 por ciento de lo declarado. 

La masiva liquidación de divisas genera interrogantes sobre cual será el precio del dólar y que hará el gobierno. La gran duda es si esta vez aprovechará para comprar reservas, como le exigen el FMI y el Tesoro, o una vez más, apostará a dejarlo caer para enfriar las expectativas inflacionarias.

El gobierno de Javier Milei salió a celebrar la aprobación en el Parlamento Europeo del acuerdo con el Mercosur, a la vez que acelera la apertura comercial. La firma del pacto que lleva más de dos décadas de negociaciones, se llevará a cabo el 17 de enero en Asunción del Paraguay y todo indica que el presidente viajará al vecino país para ser parte de los actos protocolares.

Todo esto estará mediado por las pujas entre Argentina y Brasil para lograr un acuerdo de libre comercio automotriz, que lleve a una nueva rebaja de aranceles para el sector en el Mercosur. El Gobierno de Milei quiere precios locales bajos y Lula por ahora se resiste. "Será una negociación muy compleja", advierten analistas del sector; y rubros como la industria y la construcción siguen en caída.

Al mismo tiempo, Federico Sturzenegger empuña la motosierra y avanza a paso firme sobre las regulaciones, pese a las demandas del sector industrial que pide un giro en las políticas para la industria que ya acumula diez meses consecutivos a la baja. Todos los indicadores estuvieron y están en rojo. El recorte más drástico lo sufrió el textil con una baja del 22,7%, seguido por el automotriz con una merma del 20,7% y otros con fuertes caídas fueron maquinaria con un 18,2% y equipos e instrumentos con un 14%.

Los acuerdos con Estados Unidos fueron claves para la apertura comercial del Gobierno libertario, que deja al empresariado nacional en desventaja con la profundización comercial, y la flexibilización del esquema cambiario que llevó adelante en el último año y medio. “Hay sobradas muestras de que sacrificarán otras variables antes de convalidar un dólar más alto”, advierten economistas vinculados a las cámaras empresariales.

En paralelo, la motosierra no para y en diversas conversaciones que dejaron trascender desde la industria, Federico Sturzenegger les anticipó que continuarán desmantelando reglamentaciones y que lo único que sirve hoy es “competir”. El escenario se torna más que complejo para el mercado interno, con más apertura, poca competitividad y salarios que difícilmente mejoren, dado que el proceso de destrucción de fuentes de trabajo en el sector formal es lo único que se encuentra en alza en la gestión Milei.

Los inversores buscan proteger sus ahorros del dólar y la inflación, variables que, en teoría, deberían avanzar de la mano a partir del año que viene.

El gobierno de Milei anunció una importante modificación en el esquema cambiario dominado por bandas, lo que despertó la duda del mercado sobre en qué tipo de bonos posicionarse.

Concretamente, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Tal como relataron desde Cocos Capital, la nueva fase del programa monetario tiene "foco en la oferta de dinero y la convergencia de la inflación doméstica a la internacional, ya que el esquema abandona el tipo de cambio como ancla nominal y adopta un régimen de mayor flexibilidad, con bandas cambiarias que se ajustarán por inflación doméstica y una intervención acotada y discrecional en el mercado de cambios".

Qué bonos elegir

Ante la situación, los inversores comenzaron a preguntarse si conviene comprar bonos CER ligados a la inflación o títulos dollar linked vinculados al tipo de cambio, ya que, en teoría, ambas variables deberían avanzar o retroceder de la mano.

Afortunadamente, la respuesta, hoy en día, parece bastante clara. "La autoridad monetaria buscó coordinar expectativas y comunicar que este cambio de régimen no implica una mayor depreciación del tipo de cambio ni un aumento de la nominalidad. En este escenario base, orientado a privilegiar ajustes graduales del dólar en un contexto de mayor disciplina fiscal y monetaria, los bonos CER resultan más atractivos por su ajuste por inflación, mientras que los instrumentos dollar linked, que hoy muestran rendimientos más bajos, solo logran superar al CER ante un salto significativo del tipo de cambio oficial", relató Agustín Boggiano, asesor financiero en Bull Market Brokers.

El costo fiscal de la baja de retenciones es de un cuarto de punto del PBI y complica el déficit cero de Milei. El meganegocio de las cerealeras.

En el gobierno de Javier Milei estiman que las cerealeras liquidarán 6.000 millones de dólares de soja con retenciones cero, lo que creen que les permitirá llegar con relativa calma a las elecciones de octubre. Pero también perderán 1.400 millones de dólares de recaudación, lo que complica la meta del equilibrio fiscal.

El cálculo de los 6.000 millones de dólares de soja que se liquidarán hasta fin de octubre está basado en los datos de prefinanciación de exportaciones que aportan los bancos al BCRA, un registro que fue clave para que Milei y Caputo avancen con el anuncio. En las cerealeras el cálculo es poco menor y se habla de 5600 millones de dólares que podrían ingresar.

En términos fiscales, el gobierno estaría resignando un piso de 1500 millones de dólares de recaudación, que sería mayor si se completa el tope de 7.000 millones de dólares de exportaciones con retenciones cero, que incluye al resto de los granos, carne, harina y derivados. Esto implica una pérdida de recaudación de 0,25% del PBI.

En la oposición destacan que el costo fiscal del beneficio a los exportadores representa lo mismo que las leyes de financiamiento a las Universidades y del Hospital Garrahan que Milei vetó por falta de fondos. También equivale a la mitad del costo de la emergencia en discapacidad.

A partir de esta segunda parte del gobierno de Javier Milei, el programa económico apunta a priorizar la acumulación de reservas internacionales, como pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI), por sobre la inflación. Previamente, fue inverso.

En enero debuta el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, que actualiza los ponderadores de los bienes y servicios de la canasta que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para medir la inflación. De acuerdo a estimaciones privadas, con el nuevo índice la variación de precios de la era Milei se ubicaría en 269%, mientras que, con los patrones de consumo vigentes de la ENGHo 2004/2005, cerraría en 259%.

La última encuesta de gastos tiene un mayor peso de servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que hay una menor valoración de alimentos y vestimenta.

La morosidad marcó un récord histórico del 7%. El Central estudia un retoque metodológico para dibujar el número, como hizo Lavagna con la recesión.

 Lejos de los flashes, el Banco Central empezó a analizar un cambio en la fórmula con la que se mide la morosidad del sistema financiero. El objetivo es claro: esconder, en los números, la creciente fragilidad de los bancos. No es una novedad en la Argentina. Cuando los datos empiezan a incomodar, la tentación de manipular el termómetro vuelve a escena. 

Marco Lavagna lo hizo semanas atrás para que la estadísticas oficiales no marquen recesión y sigue sin actualizar la canasta de inflación, para que el índice de precios no le de más alto que el alto 2,5% que marcó en noviembre.

El disparador es un dato imposible de maquillar del todo. La morosidad total del sistema financiero argentino ya ronda el 7%. Detrás del promedio se esconde una dinámica inquietante. 

 La morosidad en los préstamos bancarios otorgados a personas físicas alcanzó el 10,1% de la cartera, el nivel más alto de la última década. En el caso de los préstamos a empresas, la irregularidad descendió a 5,6%. La información surge de un informe de la consultora Curat, Martínez Larrea & Asociados (CML&A) en base a datos oficiales.

El gremio de los pilotos de aviones lanzó un paro para el sábado 19 de julio, que afectará los vuelos de Aerolíneas Argentinas por 24 horas, en momentos en que gran parte del país estará en vacaciones de invierno.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que la medida de fuerza se tomó ante el recorte de las horas de descanso dispuesto en el decreto 378.
”La implementación del decreto representa un serio riesgo para la seguridad aérea y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación“, advirtieron en un comunicado desde APLA e instaron al Gobierno a dejar sin efecto la normativa.
Por eso, decidieron paralizar los servicios el próximo 19 de julio desde el primer segundo de ese día y hasta las 23.59.
De esta manera, los pilotos se suman a las medidas de fuerza escalonadas que lanzó el gremio que nuclea a los controladores aéreos en demanda de mejoras salariales.

Las consultoras corrigieron al alza las proyecciones para diciembre y afirman que los precios suben por encima del 2.6%. La primer semana de enero, alimentos mostraron subas promedio del 4%.

Los primeros datos sobre inflación del 2026 no traen buenas noticias, lejos de la desaceleración prometida por el gobierno en la primer semana de enero se registró una alarmante suba en alimentos que llega al 4%, confirmando que continúa la aceleración que marcó diciembre. 

Equilibra midió una inflación mensual del 2,6% en diciembre. El aumento estuvo impulsado por los precios regulados, que subieron 3,6%, y por la inflación núcleo, que avanzó 2,7%. En paralelo, otras consultoras privadas ubicaron el registro en una zona similar, consolidando un consenso de mercado más alto que el esperado semanas atrás. 

Ese cambio también se reflejó en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Para diciembre, las proyecciones fueron corregidas al alza en 0,2 puntos porcentuales, pasando de 2,1% a 2,3%. Ese reacomodamiento anticipa una inflación más persistente.

El punto más sensible volvió a estar en los alimentos. En diciembre, alimentos y bebidas no estacionales subieron 3,3%, con un fuerte protagonismo de las carnes, que treparon 5,9%. Es el rubro que impacta de manera directa en el consumo cotidiano y el que más rápido expone cualquier rebrote inflacionario. 

El arranque de enero reforzó esa señal. En las primeras semanas del año, varios productos básicos registraron aumentos superiores al 4%. Panificados, carne, lácteos y verduras encabezaron las subas. No es solo estacionalidad. Es una inercia que no cede. 

Los analistas observan un pass-through parcial pero persistente, que se combina con una inflación núcleo todavía elevada. "No es un shock discreto, es un goteo", "La política fiscal contractiva logra moderar la demanda, pero no alcanza para neutralizar los efectos de la corrección cambiaria sobre la dinámica de precios", concluyeron.

Amazon, Microsoft y Alphabet están apostando miles de millones de dólares en infraestructura de nube e IA.

En 2025, la India se consolidó como uno de los destinos más importantes del mundo para las grandes inversiones tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial (IA) e infraestructura en la nube, impulsadas por gigantes como Amazon, Microsoft y Google, que empezaron a buscar alternativas a China.

Amazon anunció una ambiciosa inversión de más de USD 35.000 millones hasta 2030, la mayor registrada por la compañía en India hasta la fecha. Esta cifra se suma a los cerca de USD 40.000 millones que ya estuvo invirtiendo desde 2010 e incluye el despliegue de infraestructura digital y logística y el apoyo a pequeñas y medianas empresas para adaptarse digitalmente con IA.

Microsoft reveló un compromiso de USD 17.500 millones dedicado a infraestructura de nube, centros de datos e IA en India, su mayor inversión en Asia. El plan, que se ejecutará principalmente entre 2026 y 2029, incluye la construcción de nuevas regiones en la nube y programas de formación masiva en habilidades de IA para hasta 20 millones de personas.

Alphabet anunció USD 15.000 millones en inversiones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en el estado de Andhra Pradesh, el proyecto más importante de la empresa en India hasta ahora. 

Ante las superinversiones que estas compañías están realizando en Asia, los inversores locales comenzaron a preguntarse cuál de los "tres reyes de la IA" es la mejor opción para invertir a largo plazo, en especial contemplando que todos tienen Cedears en el mercado argentino.

A través del Decreto 464/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, hasta que concluya el proceso de disolución y privatización que prevé la Ley de Bases. La medida se formaliza en un contexto de cambios profundos en la estructura estatal vinculada al transporte, tras la reciente creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá tareas clave en materia de fiscalización.
La continuidad de la intervención ratifica en su cargo a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, y otorga al Ministerio de Economía la potestad de dictar normas complementarias para llevar adelante la decisión. La intervención, iniciada por el Decreto 244/2025 en abril, se justifica en la necesidad de completar un complejo proceso de reorganización y traspaso hacia el sector privado. La futura privatización de Corredores Viales se realizará mediante concesiones de obra pública bajo la modalidad de peaje, tal como lo prevé el Decreto 97/2025.

La nueva Ley de inocencia fiscal, sancionada hace dos días, eleva los montos sobre los cuales el estado, a través del ARCA o Juzgados Penales podrán perseguir penalmente los delitos económicos de evasión tributaria y otros delitos mas complejos.

Lo más controversial es cómo la norma redefine los montos mínimos que configuran delito penal por evasión fiscal, elevándolos a cifras astronómicas que, para muchos analistas, implican que una enorme porción de la economía informal no será perseguida penalmente aunque oculte fortunas sustanciales. En concreto, con la nueva ley aprobada por el Senado:

• La evasión simple, que antes se configuraba a partir de alrededor de 1,5 millones de pesos evadidos, ahora solo se considera delito si supera los 100 millones de pesos. 

• La evasión agravada, que actualmente penaliza montos desde 15 millones de pesos, ahora requiere que superen 1.000 millones de pesos para ser considerada penalmente punible. 

• En casos donde intervienen estructuras complejas, interpuestas o jurisdicciones no cooperantes, el umbral mínimo sube de 2 millones a 200 millones de pesos.

• El uso de facturas o documentos falsos solo se considera penal si el perjuicio supera los 100 millones de pesos.

Además, la norma multiplica las multas por incumplimientos formales ante ARCA: sanciones que eran de centenares de pesos se proyectan ahora en decenas o cientos de miles de pesos (por ejemplo, de $200 a $220.000 para personas físicas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas en casos de presentación tardía), lo que genera nuevas cargas administrativas pero sin un correlato real de persecución penal sobre grandes evasores. 

Argentina 24

Estos cambios significan que actos que antes hubieran sido perseguibles penalmente se vuelven prácticamente inalcanzables para la justicia, porque los montos exigidos son tan altos que solo una elite económica queda bajo su alcance. En paralelo, se crea un régimen simplificado de Ganancias para patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos, que, según el texto, blindará a quienes adhieran de controles sobre variaciones patrimoniales o consumos. 

Lo que el Gobierno vende como una actualización necesaria de umbrales tras décadas de inflación se parece más a un “perdonazo fiscal de facto”. Bajo el paraguas del principio de “inocencia fiscal”, la ley rebaja de manera grotesca el riesgo penal de grandes evasores —mientras deja intacta la carga sobre quienes cumplen— y concede un arsenal legal para que las grandes sumas no solo no se investiguen, sino que se integren sin preguntas al sistema formal.

El ex motonauta dejará de financiar dos índices porque dice que "las cifras no reflejan la realidad".

Daniel Scioli rompió con el Indec y dejará de financiar los operativos estadísticos para sacar los datos de turismo porque no le gustan los datos alarmantes que le vienen dando.

El secretario de Turismo y Deportes ya había puesto en duda la metodología de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y dejará de financiarlas a partir de enero.

El propio Indec informó que la eliminación del índice "obedece a la falta de financiamiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación para sostener el operativo en su modalidad actual". 

"En virtud de ello, el INDEC implementará un esquema reducido de relevamiento, circunscripto a una muestra significativamente menor y ejecutado con personal propio, en forma remota, a fin de garantizar la información indispensable para el cálculo del PIB elaborado por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales", informó el Indec a las provincias.

Según el último informe del Indec, el flujo de turistas internacionales que ingresaron al país bajó 5,9% en octubre, mientras que la variación interanual de argentinos que salieron del país el mes pasado creció un 10,8%. Esos números tienen un impacto directo en términos de divisas. Solo en octubre, los argentinos que viajaron al exterior gastaron afuera USD 597 millones, en tanto que los turistas extranjeros gastaron en el país poco más de USD 232 millones, lo que explica un déficit del orden de los USD 365 millones.

Estos datos aceleraron la medida del ex motonauta, que asegura que las cifras no reflejan la realidad. La decisión fue anticipada por el portal especializado Ladevi y pone fin a un vínculo operativo de más de una década. 

Tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno, el gremio de controladores aéreos ratificó una serie de medidas de fuerza que afectarán el despegue de vuelos durante las vacaciones de invierno. El paro iniciará este viernes 11 de julio y finalizará el miércoles 30.
Los sindicalistas confirmaron su plan de interrupción del servicio para vuelos nacionales e internacionales afectados en distintas franjas horarias durante 10 días.
“Desde ATEPSA ratificamos las medidas legítimas de acción sindical y redefinimos los primeros días del cronograma para cumplir con nuestro CCT”, señalaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación.

Santiago Caputo no solo coordinó la llamada ley de Inocencia Fiscal, sino que confirmó su regreso como operador político central en una operación que, más que una reforma tributaria, constituye una amnistía encubierta y una remoción de límites penales para grandes evasores. La sanción de esta norma, en simultáneo con el debate del Presupuesto, muestra un desprecio flagrante por la transparencia, la ética pública y la responsabilidad fiscal que la sociedad espera de sus gobernantes.

La ley, promovida personalmente por Caputo y trabajada en un pequeño grupo que incluyó a figuras de ARCA, del Banco Central y del propio Ministerio de Economía, pretende que quienes hayan mantenido “dólares bajo el colchón” puedan utilizarlos sin enfrentar la persecución penal que hoy establece la ley tributaria. El resultado legislativo no es menor: se trasladan de hecho millones fuera del alcance de cualquier investigación penal seria, mediante un régimen que blinda a grandes evasores mientras el contribuyente común sigue bajo presión.

Lo más controversial es cómo la norma redefine los montos mínimos que configuran delito penal por evasión fiscal, elevándolos a cifras astronómicas que, para muchos analistas, implican que una enorme porción de la economía informal no será perseguida penalmente aunque oculte fortunas sustanciales. En concreto, con la nueva ley aprobada por el Senado:

• La evasión simple, que antes se configuraba a partir de alrededor de 1,5 millones de pesos evadidos, ahora solo se considera delito si supera los 100 millones de pesos. 

• La evasión agravada, que actualmente penaliza montos desde 15 millones de pesos, ahora requiere que superen 1.000 millones de pesos para ser considerada penalmente punible. 

• En casos donde intervienen estructuras complejas, interpuestas o jurisdicciones no cooperantes, el umbral mínimo sube de 2 millones a 200 millones de pesos.

• El uso de facturas o documentos falsos solo se considera penal si el perjuicio supera los 100 millones de pesos.

Además, la norma multiplica las multas por incumplimientos formales ante ARCA: sanciones que eran de centenares de pesos se proyectan ahora en decenas o cientos de miles de pesos (por ejemplo, de $200 a $220.000 para personas físicas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas en casos de presentación tardía), lo que genera nuevas cargas administrativas pero sin un correlato real de persecución penal sobre grandes evasores. 

Estos cambios significan que actos que antes hubieran sido perseguibles penalmente se vuelven prácticamente inalcanzables para la justicia, porque los montos exigidos son tan altos que solo una elite económica queda bajo su alcance. En paralelo, se crea un régimen simplificado de Ganancias para patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos, que, según el texto, blindará a quienes adhieran de controles sobre variaciones patrimoniales o consumos. 

Lo que el Gobierno vende como una actualización necesaria de umbrales tras décadas de inflación se parece más a un “perdonazo fiscal de facto”. Bajo el paraguas del principio de “inocencia fiscal”, la ley rebaja de manera grotesca el riesgo penal de grandes evasores —mientras deja intacta la carga sobre quienes cumplen— y concede un arsenal legal para que las grandes sumas no solo no se investiguen, sino que se integren sin preguntas al sistema formal.

En medio de la negociación presupuestaria, la falta de debate público, impacto fiscal transparente o evaluación independiente de estos cambios no solo expone un elevado grado de arbitrariedad política, sino que también redobla la sensación de que la ética en la función pública ha sido subordinada a acuerdos de poder sin escrutinio ciudadano.

Es lo que estiman en el mercado, pero faltan los datos del viernes que se operaron más de USD 600 millones.

El giro en la política cambiaria nació con una contradicción de origen. El gobierno anunció el lunes que la nueva política era comprar reservas y terminó la semana vendiendo dólares. No fue una señal de fortaleza. Fue una señal de debilidad. El miedo de Caputo y MIlei sigue intacto: que el dólar vuelva a empujar una inflación que está repuntando. 

Los datos de la semana lo confirman. Este jueves, el Tesoro vendió USD 150 millones para frenar el dólar. El lunes había comprado USD 320 millones. El miércoles, apenas USD 13 millones. Pero los cálculos del mercado al cierre de la semana indican que las ventas fueron bastante mayores. El volumen operado este viernes llegó a USD 610 millones. Mas del triple de lo que se venía viendo después del resultado electoral.

El mensaje es claro. El Gobierno anuncia acumulación de reservas para calmar al FMI y los acreedores, pero vende dólares para controlar el precio. El temor a la inflación pesa más que la consistencia del plan. 

La molestia del gobierno con el giro que les impuso el FMI es evidente. Javier Milei eligió no explicar el cambio de política económica. Esta vez no hubo fotos eufóricas en el Palacio de Hacienda ni shows de "flota" en el streaming de Carajo. Un silencio que atruena. 

Para vislumbrar lo que puede estar pensando Milei hay que mirar a Ricardo Arriazu, el economista que admira el Presidente y uno de los que parece expresar con mayor fidelidad su pensamiento. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a enviar cartas a unos 100 países con los que no alcanzó —ni está llevando adelante— negociaciones arancelarias, para informarles cuál será el arancel que deberán pagar por sus exportaciones hacia EEUU.
La Argentina, por ahora, se mantiene expectante. En el gobierno de Javier Milei confían en que avanzarán las negociaciones que desde hace más de un mes se vienen llevando adelante a través del Ministerio de Economía y la Cancillería, con el objetivo de lograr un acuerdo arancelario con la Casa Blanca.
En ese contexto, distintas fuentes oficiales le confirmaron que esperan que la Argentina no reciba la carta en las próximas horas. Por el contrario, aseguran que se está avanzando en la posibilidad de anunciar un acuerdo formal con Estados Unidos en los próximos días.
Algunos funcionarios incluso se animan a pensar que podría concretarse en el transcurso de esta semana.

El ministro giró en el aire y pide que le aprueben el Presupuesto esta semana porque necesita levantar las restricciones de Guzmán para los canjes de deuda.

El giro en el aire de Toto Caputo que pasó de empujar el veto al Presupuesto a pedir que se lo aprueben ya mismo como vino de Diputados, tiene una explicación. El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.

Todas las bravuconadas sobre los USD 7.000 millones que tenía asegurados de bancos internacionales, más la posibilidad de activar los swap de China y Estados Unidos fueron apenas eso, bravuconadas.

Por eso, ahora trabaja contrarreloj con el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. Su idea es subir bastante la tasa que cobran a cambio de alargar el vencimiento.

Esto hoy está prohibido por la ley Guzmán, que para evitar canjes ruinosos para el país impuso una condición: hay que mejorar dos de tres condiciones si se pretende canjear deuda. Si en un bono tenemos monto, tasa y plazo hay que mejorar dos de estos elementos.

Caputo pretende mejorar sólo tasa, pero para los acreedores. O sea, la Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante. Esto es la explicación del recurrente problema de deuda del país, se patea el pago para adelante a costa de aumentar el tamaño de la obligación.

El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya. Porque ya está negociando el canje con los acreedores y necesita mostrarles que desarmó esa cláusula. Pero nada es fácil en la Argentina, el equipo económico también trabaja con abogados en la emisión de los nuevos bonos, para sortear embargos por el juicio de YPF.

El gobierno estima que tiene siete meses para reactivar la economía, antes que se pase el efecto del triunfo electoral.

En la Argentina de Milei cierra una empresa por día y se pierden casi 400 empleos formales cada 24 horas. Menos mal que el presidente encabeza una revolución capitalista. La onda expansiva del pulso electromagnético que la administración libertaria hizo estallar sobre la economía real para frenar la inflación, no se detiene. Las fábricas se apagan en silencio, como celulares sin carga.

En el gobierno, aunque no lo parezca, tienen dos cosas claras: ganaron la elección gracias a la ayuda de Trump y el tiempo para recuperar el consumo no es ilimitado.

La vieja idea de una Argentina que genere una sociedad de bienestar gracias a la potencia exportadora de sus materias primas -una Australia sudamericana-, cede ante la realidad de las estadísticas mensuales de empleo y actividad, que ya no logra disimular ni el ingenio de Marco Lavagna para retorcer los números del Indec.

"Tenemos siete meses para que se reactive el consumo, hay que inyectar plata en la economía", reconoce un libertario del equipo económico, que en privado muestra un sentido común que no exhiben en público. 

El consumo en noviembre se hundió un impactante 9 por ciento, como un buzo con doble plomo, por usar las metáforas submarinas de Milei. El espejismo de la Argentina espléndida del campo de Polo de Palermo que visitó Milei, es eso, un espejismo, que convive con un país que no llega a fin de mes.

El mecanismo libertario para inyectar dinero en los engranajes secos de la economía es bajar la tasa. "La tasa está en cuarenta por ciento mensual, tiene que bajar al veinte, en línea con la inflación que esperamos para el año que viene", agregó la fuente consultada.

Créditos accesibles para las empresas, para la gente, para que se reactive el consumo. Un reconocimiento tardío, implícito, a la importancia del mercado interno en una economía poco competitiva como la Argentina.

La pregunta es obvia: ¿Si es tan sencillo por qué no lo hicieron antes? La respuesta también es simple: Toto Caputo tiene miedo que le compren dólares con los créditos baratos y esto le empuje la inflación. Tiene miedo.

Es que más allá de las canchereadas, el ministro de Economía sabe que la inflación no está domada. Y por si hacía falta, el salto de noviembre al 2,5% se lo recordó.

Estamos entonces atrapados en un desierto abrasador, donde cada trago de agua que tomamos sube la temperatura.